Desde el pasado 23 de abril de 2019, Komi Koutché se encuentra en libertad y libre de medidas cautelares gracias a la decisión tomada mediante un Auto de la Audiencia Nacional que deniega su extradición.
Esta petición, que llegó al juzgado español el pasado 18 de diciembre de 2018, después de que, el 14 de diciembre, se recibiera “la comunicación de la Policía Nacional de que acababa de ser detenido en el aeropuerto de Barajas Adolfo Suarez por ser objeto de una orden internacional de detención, emitida por las autoridades de la República de Benín. La orden internacional de busca y captura había sido dictada por el juez de instrucción ante el Tribunal de Primera Instancia de Cotonou, Benín, de fecha 4 de abril de 2018, para perseguirle por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, abuso de función, enriquecimiento ilícito, corrupción en la contratación pública y blanqueo de capitales” según consta en el auto de la AN.
Esa detención se produjo mientras viajaba a una conferencia en la capital francesa, siendo además detenido y puesto en libertad provisional en enero de este año.
Su defensa, a cargo de Chabaneix Abogados, explica además la irregularidad de todo el proceso, explicando que “La CRIET (Corte de Represión de las Infracciones Económicas y del Terrorismo) fue creada el 2 de julio de 2018, exclusivamente para perseguir opositores políticos, como es el caso de nuestro representado. Los jueces ordinarios no acataban las órdenes del ejecutivo, y por ello, se creó este Tribunal cuyos miembros son nombrados por el propio Gobierno”.
Tal como se reconoce también en el Auto que deniega su extradición, tras la toma de declaración el Benín en abril de 2018, y tras revocar la orden de detención por el propio juez, “Benín de forma fraudulenta mandó a INTERPOL tal orden de detención que no tenía vigencia, provocando la detención del Sr. KOUTCHÉ sin título válido que la fundamentase”.
Desde Chabaneix Abogados, bufete a cargo de la defensa de Komi Koutché, quien ha solicitado asilo político en nuestro país, ya han presentado una demanda contra el Estado de Benín ante la Corte Africana de Derechos Humanos.
