Solo una de cada diez pymes en España ha implantado un programa de cumplimiento normativo y prevención de delitos (comúnmente denominado Compliance), desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Aunque la nueva regulación no obliga a adoptar este programa, su correcta implementación podría atenuar e incluso eximir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. “No implementar un programa de cumplimiento normativo y prevención de delitos deriva en una omisión empresarial cuya consecuencia, en caso de comisión de delitos en su seno, es la responsabilidad penal de la persona jurídica (con absoluta independencia de que la misma sea de pequeña o mediana dimensión en términos económicos o de número de asalariados); todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que recaiga en sus administradores”, afirma José Carlos Alonso Almeida,  presidente de GRM Audit.

Aunque la jurisprudencia generada por el Código Penal es escasa, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha dictado dos sentencias por conductas delictivas recogidas ya en la Reforma del Código Penal de 2010: el 29 de febrero y 16 de marzo de este año.

Colaboración externa

La Fiscalía General del Estado emitió la Circular 1/2016 el pasado mes de febrero, dando instrucciones a los fiscales para la aplicación y graduación de las penas derivadas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en ella se valora positivamente la colaboración externa para la implantación del programa de cumplimiento normativo y prevención de delitos.

Las personas mejor capacitadas para colaborar en las pymes en la implantación de un programa de cumplimiento son: los abogados, por su formación jurídica penal; los auditores de cuentas, por su especialización en el conocimiento y evaluación del control interno establecido en la empresa; y los auditores de normas ISO, por el potencial de estandarización y estructuración que tiene la metodología de implantación de normas ISO.